Arturo de La Rosa y sus funcionarios pagaron 80 millones en obras no realizadas; la Auditoría Superior de la Federación alista denuncias

Los Cabos, BCS.- Una coalición de servidores públicos encabezados por el ex alcalde Arturo de La Rosa podrían irse a la cárcel si en los próximos días la Auditoría Superior de la Federación interpone las denuncias formales por el quebranto de más de 80 millones  de pesos en obras del  Fondo Para Infraestructura Social (FAIS7Ramo33) que se pagaron pero que jamás se realizaron.

A principios del mes de agosto estuvieron en Los Cabos funcionarios de la ASF para realizar una auditoría física a los fondos del FAIS correspondiente al ejercicio 2018 y de las más de 700 obras sociales que se reportaron como pagadas por un monto de más de 80 millones de pesos, no fueron localizadas, es decir, nunca se realizaron.

Al término de la sesión de Cabildo del martes, el Tesorero Municipal Rigoberto Arce Martínez confirmó los resultados de la auditoría física efectuada por la ASF y las graves irregularidades detectadas que podrían desembocar en denuncias penales en contra de los responsables.

La lista de funcionarios que estarían en problemas judiciales serían el ex alcalde Arturo de La Rosa Escalante, el ex Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Marco Alejandro Camarena Duarte, el ex Director General de Desarrollo Social José Ramón García Burgoin y/o Alberto Robles Sahagún, el ex Oficial Mayor Belmar Pimentel Amador, el ex Tesorero Municipal Jesús Cortez Espinoza,  la ex Contralora Municipal María Elena Camacho López,  la ex Sindica Municipal Susana Zatarain García, entre otros servidores públicos de la anterior administración.

Entre las obras que se pagaron y que no encontraron las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, que ascienden a más de 700 acciones, destacan recámaras adicionales,  techos firmes, baños con biodigestor, losas de concreto armado y recámaras adicionales con baño en La Ribera, Santiago, Miraflores, San José del Cabo y Cabo San Lucas, todo ello en perjuicio de las familias y beneficiarios que viven en condiciones extremas de pobreza y rezago social.

En la auditoría se pudo identificar que “para la ejecución de las 705 obras de mejoramiento de vivienda se signaron 11 contratos de obra pública 2018, reportando en el sistema MIDS con Sedesol y SFU con Hacienda avances físicos y financieros del 30%,  ambos en el segundo trimestre del ejercicio 2018, resultando que el avance físico real promedio era  del 7.64.

Cuando el Gobierno de Armida Castro entró en funciones  recibió  los reportes actualizados por los supervisores de obra pero se encontraron que no había una solo UNIDAD terminada al 100% y entregada al beneficiario.

En la auditoría física y de gabinete se advirtieron  actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas  y penales, así como posibles actos de particulares vinculados a faltas administrativas. Además, los expedientes técnicos de las obras y acciones no fueron firmados por las entonces autoridades  de la SEDESOL en el Estado de Baja California Sur.

Otras irregularidades, se signaron contratos de obra pública en el ejercicio 2018 con empresas constructoras y personas físicas que incumplieron con programas de obra en ejercicios 2017 y 2016. Asimismo,  no se encontraron  evidencia documental en los expedientes de obra, de que la contraloría social y los comités de obra que establece la normatividad federal hayan supervisado las obras y acciones del ejercicio fiscal  2018.

Es importante señalar que el FAIS  se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.

Al concluir sus trabajos la Auditoría Superior de la Federación sólo pudo encontrar en las obras de Arturo de La Rosa Escalante, la colocación de la primera piedra, no más.