Buscan proteger a Belmar Pimentel por actos de corrupción en Oficialía Mayor; va como primer regidor en la planilla de Arturo de La Rosa

Los Cabos, BCS.-Con más de dos mil observaciones del Organo Fiscal del Congreso Local que hasta el momento no ha aclarado y con varias sanciones de la Contraloría Municipal por actos contrarios a la Ley en su cargo como Oficial Mayor, el alcalde Arturo de La Rosa busca proteger a Belmar Pimentel Amador al colocarlo como Primer Regidor en su planilla como precandidato del PAN a la Presidencia Municipal.

Pimentel Amador, quien hasta hace unos días fungió como Oficial Mayor del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, tiene varios señalamientos de corrupción por realizar actos contrarios a la ley en la adquisición de bienes y servicios para el municipio desde la Oficialía Mayor.

Basta recordar que en un dictamen de la Contraloría Municipal se advierte que de abril a octubre del 2016, del 100% de las compras, en el 94% se hicieron de manera directa, es decir, sin licitación pública y sin siquiera convocatoria a cuando menos 3 proveedores.

Dichas acciones representaron afectaciones al erario público por un monto de 75 millones 347 mil 061 pesos.

La entonces titular de la Contraloría Municipal y ahora Tesorera Municipal, María Elena Camacho López ,  con fecha 30 de enero del 2017, giro un oficio al entonces Tesorero Municipal Jesús Cortes Espinoza, con copia al Presidente Municipal Arturo de La Rosa Escalante, donde le advertía que en “los estados financieros del 2016” se detectaron serias irregularidades sobre el procedimiento de adquisiciones desde la Oficialía Mayor.

En el dictamen de Camacho López, con copia a todos los integrantes del H. Cabildo y Sindica Municipal, señalaba que de abril a octubre del 2016, de 463 procedimientos de adquisiciones, por un monto de $75,347,061.39, en 463 (64 millones 850 mil 058 pesos) fueron adquisiciones directas bajo el argumento de que eran de carácter “urgente o caso fortuito y de fuerza mayor”.

Ante dichas irregularidades, la Contraloría Municipal levantó 267 procedimientos por un monto de 50 millones 975 mil 379 pesos. Las irregularidades se detectaron en la compra de material de pintura, servicios artísticos para fiestas tradicionales en colonias y comunidades, material eléctrico, material de madera, herramientas y maquinaria, compras durante la tormenta tropical Javier, material de limpieza y protección de Tránsito, mobiliario, aceites, material o rentas de ZOFEMAT para limpieza de playas, renta de sanitarios móviles, entre otros.

Derivado de todo ello, la Contraloría Municipal rechazó la legalidad de dichas adquisiciones, sobre todo “porque se detectaron indicios de que las adquisiciones se están fraccionando contraviniendo los preceptos legales, de manera particular en la compra de material para trabajos de electricidad, material de pintura, madera y herramientas, arrendamiento de maquinaria, aceites, repuestos de maquinaria, neumáticos, automóviles, ente otros, indicó en su dictamen María Elena Camacho López.

En el documento que ya se entregó al alcalde Arturo de La Rosa Escalante, sostenía la fiscal municipal que “NO ES ACEPTABLE” que se continúe con la práctica de realizar la mayor parte de los procedimientos de adquisiciones mediante la excepción a la licitación pública”.

Recomendaba: se privilegie lo que señala el Artículo 134, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado (y Ayuntamientos) las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Al efectuar así los procesos, existen más condiciones para que dichas adquisiciones se efectúen bajo esas premisas constitucionales.

“La licitación pública es la vía aceptable para que, por regla general, se lleven a cabo esas contrataciones, pues garantiza la transparencia, igualdad de oportunidad y legalidad en la utilización de los recursos del erario público, en razón del interés social, de ahí que las excepciones a ésta, legalmente permitidas a la autoridad bajo su responsabilidad, SON LOS MENOS PREFERIBLES, advertía la Contralora Municipal en el dictamen entregado al presidente municipal de Los Cabos.

Las irregularidades forman parte de las más de dos mil observaciones que deja como herencia en la Oficialía Mayor y que el Organo Fiscal del Congreso Local esta a la espera de que Julio Belmar Pimentel Amador aclare.

Sin embargo, para protegerlo de cualquier acción legal, Arturo de La Rosa lo ha blindado (protegido) y aunque pierdan la próxima contienda electoral y con ello ver esfumado el sueño de reelección, lo único seguro es que con el porcentaje de votos que lleguen a obtener, podrán aspirar a un regidor que caería en Julio Belmar Pimentel Amador.