Cateo en casa de los Gómez Saguchi, abre la cloaca en los cuerpos policiacos de BCS

Dan de baja a dos policías  estatales que fueron testigos y a la vez víctimas del abuso de autoridad en la casa de la familia Gómez Saguchi

Ambos oficiales trabajaban en el Módulo de Revisión del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y fueron dados de baja después de que presentaron un parte informativo sobre los hechos ocurridos la madrugada del 16 de enero en el fraccionamiento Monte Real

Los Cabos, BCS.- En lugar de deslindar responsabilidades en contra de los agentes del Mando Mixto que participaron, junto con marinos, en el cateo a la residencia de la familia Gómez Saguchi y causaron desmanes, la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado ha tomado represalias en contra de los oficiales Nelson Iván Valencia Cota y Jimmy David Urbano García que esa madrugada se encontraban como invitados en dicho domicilio ubicado en el fraccionamiento Monte Real.

Ambos oficiales de la Policía Estatal, adscritos al Modulo de Revisión Secundaria del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, son amigos de la familia Gómez Saguchi y en la madrugada del 16 de enero se encontraban como invitados en un convivio familiar en la residencia ubicada en calle Quemada, esquina Mortero, manzana 20, lote 01, del fraccionamiento Monte Real de San José del Cabo.

Después de ocurrido los hechos, ambos oficiales redactaron un parte informativo de los hechos y lo entregaron al Comisario General de la Policía Estatal Víctor Beltrán Peña y donde expresan que entre 7 y 8 sujetos bajaron de una camioneta blanca y de manera arbitraria amagaron a todos los presentes, así como tocar y nalguear a varias menores de edad, hijas y sobrinas del dentista Enrique Gómez Saguchi.

A decir de los oficiales, los hombres que ingresaron a la residencia vestían pantalón de mezclilla color azul, tenis azules y portaban armas largas y armas cortas, cascos tácticos del color gris y negro similares a los utilizados por la Secretaría de Marina y chalecos tácticos.

Aunque los oficiales adscritos a la Policía Estatal no quisieron poner denuncia penal, tal como lo hizo el dentista Enrique Gómez Saguchi y Sergio Javier Godoy Tirado, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien golpearon y le robaron su celular personal, al encontrarse en el lugar en la atención a un menor con una enfermedad de las vías respiratorias, los jefes inmediatos han tomado represalias en su contra por haber redactado el parte informativo o por haber estado –de manera circunstancial- en la residencia donde cuerpos policiacos-militares buscaban sicarios y lo que se encontraron fue a la familia Gómez Saguchi en una reunión familiar con amigos.

Después de que el lamentable hecho saliera a la luz pública, la Procuraduría General de Justicia negó que sus elementos hubieran participado en un cateo en el fraccionamiento Monte Real, sin embargo por las pruebas que se han presentado en la denuncia 158/2018, todo parece indicar que en el mismo actuaron marinos, policías ministeriales y de la Policía estatal.

Las represalias ya iniciaron para frenar el esclarecimiento de los hechos y ambos oficiales, quienes estaban adscritos al Módulo de Revisión del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, con fecha 18 de enero, mediante oficio SSP/PPE/0116/2018 y SSP/PE/UAT/031/2018, fueron removidos de sus cargos y quedó en incertidumbre su estatus laboral.

A Jimmy David Urbano García le han informado que va a dejar de prestar sus servicios en el Módulo de Revisión del Aeropuerto Internacional, además de que le piden entregue los uniformes y equipo de trabajo que le fue entregado en su momento para tal encomienda.

Mientras tanto, a Nelson Iván Cota Valencia le piden se presente este lunes 22 de enero con el oficial de la Policía Estatal Preventiva, Martín Macías Peguero, toda vez que se le realizó cambio de adscripción.

Todo parece indicar que el único delito de ambos oficiales fue el haber estado presentes en una reunión familiar con los Gómez Saguchi, así como ser testigos y a la vez víctimas de los abusos de autoridad que cometen los cuerpos policiacos-militares en agravio de las familias cabeñas, todo bajo el argumento de que combaten la ola de ejecuciones que se abate sobre el municipio de Los Cabos.