Censuran Ley del Garrote contra mineros de Santa Rosalía

El Diputado del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía descalificó el uso de la fuerza pública estatal en contra de los trabajadores mineros de la Compañía El Boleo en Santa Rosalía por el solo hecho de que solicitaron que se les reconociera su derecho a elegir a las autoridades sindicales que los habrán de representarlos.

En uso de la tribuna el legislador comentó que recientemente por la vía legal los obreros solicitaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hicieran un nuevo recuento “y se desconozca el contrato que la empresa mantiene por medio de Fulgencio Santiago Gómez, quien respaldado por la empresa ha venido hostigando a los trabajadores que no le son afines, “es decir, el representante de los trabajadores no surgió de las filas del sindicato, sino que es un empleado que la empresa contrató desde el principio como líder sindical”.

Torres Mejía señaló que el pasado 5 de mayo, en Santa Rosalía se usaba la fuerza pública contra la población en alianza con la compañía minera de origen coreana para reprimir a trabajadores mineros que defienden sus derechos. Consideró el representante popular este tipo de acciones como “una triste estampa” que Baja California Sur ofrece al mundo “cuando las fuerzas del orden vueltas contra su propio pueblo en aras de proteger los intereses extranjeros”.

Señaló que el cambio de dirigencia sindical es un tema que solamente compete a los trabajadores, el cual no debe de afectar el funcionamiento de la empresa, “el asunto se vuelve un conflicto obrero-patronal, porque la propia empresa no permite que los trabajadores elijan libremente a quien habrá de representar sus intereses”.

Camilo Torres destacó que el problema laboral que se presenta en la empresa minera de El Boleo es complejo porque con la ausencia de una organización sindical que defienda los derechos de los trabajadores, “la empresa ha venido violando las condiciones generales de trabajo, sin que nadie alce la voz por ellos. Ha habido accidentes laborales, despidos injustificados, más de 200 en dos años, y nadie ha atendido este tipo de problemas, ni autoridades y mucho menos la empresa”.

Enfatizó que este empresa de origen en Corea del Sur aparte de incumplir con los trabajadores, incumple sus obligaciones legales con el gobierno municipal, pues a la fecha adeuda más de 600 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos que se le adeudan desde que prácticamente inició operaciones.

Ante esta realidad, el Diputado del Partido del Trabajo se preguntó: “no entiendo cuáles son los grandes beneficios que obtiene el estado y los muleginos de esta empresa, o para quién son los beneficios que genera”.

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