Desde el legislativo piden al alcalde de La Paz autorice nuevas tarifas para acarreo de materiales

 

La Paz, Baja California Sur, a 24 de Abril de 2016.- El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por el Diputado Amadeo Murillo Aguilar en el sentido de exhortar al Presidente Municipal de La Paz, Armando Martínez Vega “para que a la brevedad conforme el Consejo Municipal del Transporte” e igualmente le solicita al alcalde su intervención paceño para que autorice las nuevas tarifas de los camiones de los acarreos de los materiales de la construcción que previamente se le hizo llegar por los transportistas el pasado mes de febrero.

En el mismo punto de acuerdo el legislador quien es Coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso del Estado exhortó al titular de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado para que convoque a una reunión interinstitucional “donde stén las representaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ayuntamientos de la entidad, Comisión Nacional del Agua, la Cámara de la Industria de la Construcción y las representaciones de los transportistas, a fin de dar a conocer las tarifas autorizadas por los cinco ayuntamientos del estado y evitar se siga confundiendo el tema de la autorización de tarifas”.

En la exposición de motivos destaca el Diputado Murillo Aguilar   que en virtud de que el Consejo Municipal del Transporte de La Paz actualmente no se encuentra operando, esta instancia oficial no puede dar a conocer las tarifas ya autorizadas para el gremio de transportistas locales de materiales para la construcción y similares, lo que lo pone en fuerte desventaja frente a empresas constructoras de otras partes del país que llegan a la entidad con sus flotas de camiones contando en la mayor parte de las ocasiones con la protección oficial, desplazando al transporte local, lo que provoca que centenares de jefes de familias se queden sin trabajar durante lagos periodos de tiempo.

Puntualizó el representante popular que las autoridades competentes al otorgar obra pública por cualquier modalidad, “no solamente deben de buscar otorgar el contrato a la empresa que le ofrezca el precio más bajo, debe por obligación legal garantizar que los precios, calidad y responsabilidad de los contratistas sean respetados y estén garantizados para otorgar la contratación y no perjudicar con dicho otorgamiento el trabajo de prestadores de servicios del sector social, privado y los particulares en general, logrando con ello un acto de justicia distributiva: dar a cada cual lo que le corresponde”.

Amadeo Murillo manifestó que ante esta realidad el sector oficial que tiene bajo su responsabilidad contratar obra y servicios relacionados con la construcción “deberán tener también la obligación de incluir como requisito en la convocatoria que las empresas participantes en una licitación contemplen los costos autorizados por los Ayuntamientos en relación a los fletes y acarreos”.

Señaló que toda la estructura oficial relacionada con la actividad del transporte en el estado “como lo son los consejos municipales, las inspectorías y lo que debiera ser una de las actuaciones más transparentes, estas se desarrollan en la más completa opacidad, ocultando en sus entrañas los apetitos desmedidos de algunas autoridades entorno al reparto indiscriminado de concesiones”.

Amadeo Murillo destacó que ha sido solicitud y reclamo en forma permanente durante muchos años por parte de las organizaciones de transportistas con presencia en Baja California Sur el conocer el padrón de concesiones en todas sus modalidades, “y jamás han cumplido con esta exigencia de los transportistas sudcalifornianos”.

Puso de ejemplo el gobierno de Narciso Agundez Montaño entre 2005 y 2011, ya que al inicio de su administración “nada más en la capital del estado existían 175 concesiones en la modalidad de camiones de volteo, y sesis años más tarde rebasan las 500, y se dio el caso que a unos días de concluir su responsabilidad se otorgaron a diestra y siniestra concesiones en todo el estado”.

Otro ejemplo más de la forma en que se maneja en forma irregular el transporte en la entidad, es que durante el gobierno de Marcos Covarrubias, fue que el responsable del área de Transporte de la administración 2011-2015 Gabino Espinoza “fue acusado de vender concesiones otorgadas por el gobierno de Agúndez Montaño”.

Comentó que en el caso del Director del Centro SCT, Eleazar Gutiérrez, “no se cansa de promocionar y presionar a las constructoras que ya ganaron las licitaciones para que firmen con el sindicato de permisionarios, cuyos delegados locales, por todos conocido encabezado por el ex Director del Transporte del Gobierno del Estado, Gabino Espinoza, quien a su paso por su responsabilidad dejó una estela de corrupción y de mal trato al autentico transportista”.

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