Hay más de 500 concesiones de transporte “patito” en Los Cabos; otorgadas por el Gobierno de Carlos Mendoza Davis

A través de su Director de Transporte y Movilidad, Jesús Robles González, se dieron concesiones a amigos, compadres y aliados

 Ya se hicieron las denuncias ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso Local  para que se investigue, se revoquen las concesiones y se castigue a los responsables de torcer la Ley para otorgar concesiones “patito” en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Transportistas de Los Cabos demandaron al Congreso local se inicie una investigación, se deslinden responsabilidades  y se revoquen más de 500 concesiones que de manera unilateral y al margen de la ley entregó el Gobierno de Carlos Mendoza Davis a través de su Director de la Unidad de Transporte y Movilidad Jesús Robles González.

Los transportistas cabeños entregaron todas las pruebas documentales  a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, integrada por los diputados Juan Pérez Cayetano (Presidente), Gabriel Montoya Terrazas y Luis Armando Díaz (Secretari@os), quienes se comprometieron a tomar cartas en el asunto  y deslindar responsabilidades.

Aunque el entonces Gobernador Carlos Mendoza Davis aseguró que durante su administración no se darían nuevas concesiones en Baja California Sur y de manera particular en Los Cabos, donde desde hace varios meses hay un conflicto entre transportistas y plataformas digitales UBER,  su  Director de Transporte le jugó las contras y entregó de manera uniltareal y violando la Ley de Transporte de Baja California Sur,  más de 500 concesiones en diversas modalidades.

Entre las pruebas documentales presentaron la concesión 1930 a nombre de Oscar Graciano Beltrán y que al cederla  a Arisandy Pineda Bermúdez,  de 01 concesión  pasó a 11 unidades para regularizar, es decir, 10 más en la modalidad de pasaje de personal.

Asimismo entregaron toda la documentación de la concesión 8089 y 7552, que originalmente estaban a nombre de Reyna Álvarez Victoriano y Marisol Guijasa Mata, pero que al ceder los derechos a la empresa Destination Shuttle Services S.A. de C.V., de 20 unidades se autorizaron 100, es decir, 80 más, todas ellas en la modalidad de transporte de personal.

Aunque la Ley no lo permite, Jesús Robles González autorizó que la concesión 7298, que originalmente fue otorgada para prestar el servicio en el Ejido Elías Calles de La Paz a nombre de María Inés Gutiérrez Hernández, ahora aparece con el mismo servicio, carga especializada pipa para agua potable, en el puerto de Cabo San Lucas.

La  nueva concesionaria es la señora Margarita Ávarez Leyva, madre de Carlos Carlos Álvarez, actual Coordinador del Transporte en el Gobierno de Armida Castro y esposo de Dina María Araiza, próxima Directora Municipal de Atención Ciudadana en el Gobierno de Oscar Leggs Castro.

A Carlos Carlos Álvarez  también  se le señala de utilizar su cargo, coordinador del transporte en Los Cabos, para  operar varias  pipas con placas sobrepuestas, para hacer negocio en la venta de pipas de agua en colonias de Cabo San Lucas que carecen del vital líquido.

Por otra parte, la concesión 7274 otorgada el 8 de junio del 2010 a José Luis Rodela Mijares, que amparaba una unidad para pasaje de personal en Cabo San Lucas, este 19 de junio 2021 los derechos pasaron a la empresa Express Bus Logistic S. de R.L. de C.V. pero ya no es una unidad, ahora le autorizaron tres más para sumar un total de 4.

La concesión 7952  tiene su origen en el municipio de Loreto, en su modalidad de pipa, a favor de María Guadalupe García Vázquez;  el 15 de junio del 2015 los derechos aparecen a favor de Juan Manuel Gómez pero ya para dos unidades para servicio exclusivo de turismo en el puerto de Cabo San Lucas. Es decir, le cambiaron su modalidad.

Todavía más, el 4 de agosto del 2020, Juan Manuel Gómez cede los derechos a Jaime Guadalupe Lobato Herández pero ya no son dos unidades, aumenta a 20 y con  autorización para  brindar  el servicio de turismo en todo el territorio de Los Cabos.

Otra más, la concesión 0371 a nombre de Alma Guadalupe Moreno  Montaño, hija del líder transportista Francisco Moreno, originalmente tenía sólo 4 unidades de pasaje exclusivo de turismo,  el 18 de octubre del 2018 le autorizaron otras 6, para completar 10 concesiones.

Con relación a la concesión 7125, que originalmente era de Martha Patricia Contreras Sandez, solo amparaba dos unidades con jurisdicción el municipio de La Paz, con fecha 19 de marzo de 2021 Jesús Robles  González  autorizó otras 50 unidades a la que actualmente tiene la concesión, Terramar Los Cabos S.A. de C.V., para dar el servicio de turismo en todo el territorio de Los Cabos.

 

El titular del Transporte en al entidad también modificó la concesión 6557 originalmente a nombre de la empresa Santor S.A. de C.V.,   el 2 mayo 2019 les otorgó, al nuevo dueño de la concesión; Traslados Mar de  Cabo S.A. de C.V.,  más de 90 concesiones para que brinden el servicio de transporte de personal para todo el municipio de Los Cabos.

Dos días antes de entregar el Gobierno, el 8 de  septiembre del 2021, el Director del Transporte  Jesús Robles González entregó la concesión 7433  a favor de Efrén Hilario Bojórquez Villela, para el servicio público de transporte  en la modalidad de carga especializada de abasto de agua potable.

Hay más pruebas documentales que amparan más de 500 concesiones irregulares en el Gobierno de Carlos Mendoza Davis, que ya se encuentran en manos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, por lo que se espera que en los próximos días anuncien las acciones legales a realizar, entre las que podrían estar la revocación de las mismas y denuncias penales en contra de los servidores públicos involucrados en dichas irregularidades.

LO QUE DICE LA LEY DE TRANSPORTE DE BCS

Otorgar concesiones de transporte público  es facultad expresa del Gobernador del Estado, quien se apoya en los trabajos técnicos del Director de Transporte Estatal  y con  opinión del Consejo Municipal de Transporte.

Para el otorgamiento de una o más concesiones de transporte público, en sus diversas modalidades, debe existir la declaratoria de necesidad de transporte, que dicta el Gobernador del Estado, previo procedimiento obligatorio, debidamente marcado por la Ley de Transporte y su reglamento .

La Ley de Transporte y su reglamento, establecen de manera obligatoria un procedimiento para el otorgamiento de una concesión, sin que se pueda alterar su orden, ni omitir sus pasos, a saber:

 Primero.- El Director debe realizar monitoreos permanentes para detectar la necesidad del transporte, es decir estudios técnicos y socioeconómicos; segundo.- El Director dará aviso al Consejo Municipal de Transporte correspondiente y a los terceros interesados, para que emitan sus observaciones dentro de los siguientes 20 días hábiles, sobre la procedencia de declaratoria de necesidad pública de transporte.

Si bien es cierto los Consejos Municipales de Transporte son órganos de opinión, esta regla impone la obligación al Director, para que dé aviso y conozca la resolución del órgano de consulta.

Tercero, tomando en consideración el estudio de necesidad y valorando de manera obligatoria las observaciones del Consejo y terceros, El Director, previo acuerdo con el Gobernador, hará la declaratoria de necesidad pública de trasporte. La declaratoria, deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y el periódico de mayor circulación en el Municipio respectivo.

Cuarto, realizada la declaratoria, se hará la publicación de la convocatoria, para que terceros interesados concursen y dentro del termino señalado en la convocatoria, presenten sus propuestas.

Esta convocatoria, entre otros requisitos, deberá contener:

  1. a) La modalidad del servicio;
    b) Clase
    c) Número de concesiones
  2. d) Zona que abarca el servicio
    e) Termino para recibir solicitudes

Quinto,  una vez recibidas las solicitudes, el Director, informará al Consejo Municipal de Transporte y realizará el estudio, de conformidad a los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Transporte.  Dentro del término de 30 días hábiles, el Director, presentará al Gobernador, el dictamen respectivo.

Sexto, finalmente, el Gobernador, dictará resolución sobre otorgamiento de concesión dentro del plazo de 10 días hábiles.

Esta resolución será notificada personalmente al interesado y se publicara en el Boletín Oficial del Estado y periódico de mayor circulación en el Municipio.

Séptimo, la ley y el reglamento, establecen como orden preferente para otorgar concesiones en igualdad de circunstancias, a los sudcalifornianos, que garanticen un mejor servicio, además prefiriendo a los trabajadores del servicio público con mayor antigüedad.

La Ley de Transporte y su reglamento, no marca hipótesis en caso de que en el otorgamiento de una concesión no se sigan lo lineamientos, como se expone anteriormente, solo impone que no se deben alterar ni omitir. Sin embargo, no hablan de una nulidad o causa de revocación por esa inobservancia.

No obstante a lo anterior, por principio de derecho en materia administrativa, la autoridad solo puede hacer lo que la Ley le permite, de lo contrario, los actos pueden considerarse nulos.

Además, el servidor público que incurra en la violación de una o más normas, incurre en una ilegalidad de carácter administrativo e incluso penal, de conformidad a la normatividad estatal que vigila la función de todo servidor público.

Bajo una lógica jurídica, si una concesión no fue otorgada de manera legal, siguiendo el procedimiento imperativo marcado por los ordenamientos legales, existe presunción de ilegal.

Por otro lado, en la ley, no se contempla que una concesión pueda cambiar de jurisdicción o modificar la modalidad para lo cual fue otorgada. Verbigracia: Una concesión para la jurisdicción de La Paz, no se debe cambiar a la jurisdicción de Los Cabos y o una concesión para la modalidad de taxi, no puede modificarse para que se preste en otra modalidad, sea de pasaje, carga o especializada.

En conclusión, toda esta Ley y reglamentación, Jesús Robles González, Director de Transporte en Baja California Sur, se la pasó por el arco del triunfo, ahora tendrá que enfrentar la consecuencia de sus actos, porque como lo ha dicho el gobernador Víctor Castro Cosío,  “no habrá cacería de brujas pero se va a aplicar la Ley a quien sea responsable de algún delito en el desempeño de su labor realizada”.

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