Nuevo Trazo Carretero, divide a Los Cabos

REDES

Por Raymundo León Verde

 

El nuevo trazo carretero de Los Cabos

Genera inconformidad en un sector de la población

Cabildo pone condiciones

Se requieren inversiones, pero también compromiso social

El nuevo trazo carretero de San José del Cabo a Cabo San Lucas, aprobado el pasado miércoles por la mayoría de integrantes del Cabildo de Los Cabos, ha provocado inconformidad en un sector de la población de ese municipio que se expresa principalmente a través de las redes sociales.

Según la prensa afuera del Palacio Municipal, donde se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo, había alrededor de 50 personas manifestando su oposición al proyecto presentado por un grupo de desarrolladores, analizado por el Instituto Municipal de Planeación y discutido por los ediles.

La preocupación más allá de lo que consigna la prensa de que el nuevo trazo violenta el Plan de Desarrollo Municipal, sin precisar qué puntos exactamente, se centra en la presunta privatización de un tramo que actualmente permite a todo mundo disfrutar del paisaje natural y la posibilidad de que se niegue el acceso a las playas del lugar.

Una preocupación razonable en vista de que cualquiera que haya ido a Los Cabos sabe que muchos hoteles se han apropiado de las playas evitando o complicando el acceso al público.

Por lo demás se sabe que los promoventes del nuevo trazo carretero se beneficiarán con el aumento automático de la plusvalía de los terrenos aledaños al tramo que quedará libre del tránsito vehicular como ahora existe, que podrán vender o utilizar para la construcción de hoteles.

Vaya, el interés de los promoventes tiene una lógica empresarial más allá de los argumentos sociales que puedan utilizar como la generación de empleos y una mayor derrama económica para el destino, vía impuestos y todos los negocios que viven del turismo nacional y extranjero que visita Los Cabos y que obviamente con más hoteles se vería incrementado.

Se habla de que ese tramo, que contaría con más de una decena de hoteles, se convertirá en el más importante de Los Cabos y por supuesto que eso alentó a los empresarios a empujar el proyecto hasta lograr el consentimiento del Cabildo que la pasada administración estuvo a punto de aprobar y que se envió al Instituto Municipal de Planeación para un mayor análisis en parte por la presión social de opositores y en parte para evitar el desgaste político en vísperas de las elecciones del 7 de junio.

Ya con el dictamen de viabilidad de ese organismo en la mano y el razonamiento de la mayor parte de los ediles en favor del proyecto, este fue aprobado con una serie de condicionantes que para muchos son simples promesas, pero que ojalá por el bien del público sean compromisos reales.

Según precisa el regidor priista Jesús Flores Romero, uno de los políticos que en su momento manifestaron sus dudas respecto al proyecto, lo que se aprobó no fue una permuta ni cambio de uso de suelo, la nueva carretera será de cuatro carriles, la actual se modernizará como paseo turístico costero y habrá libre acceso a las playas en el tramo.

Más aún, si en un plazo de 30 meses, dentro de esta administración municipal, los promoventes –según se dice lidereados por Eduardo Sánchez Navarro, uno de los dueños de los terrenos beneficiados con el nuevo trazo carretero- no cumplen con lo aprobado, el ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los términos de la anuencia.

Un verdadero paquete el que se aventaron los ediles en vista de que en el imaginario popular el poder político muchas veces está sometido a los poderes fácticos, en este caso de poderosos empresarios.

Cierto es que Los Cabos tienen una vocación netamente turística y que es un imán para las inversiones, que los empleos generados por la iniciativa privada son necesarios en un estado que en buena medida vive de la burocracia y que ahora mismo asfixia a los ayuntamientos que han tomado la alternativa de despedir trabajadores para reducir sus abultadas nóminas; sin embargo, también es cierto que el interés público debe ser escuchado y tomado en cuenta, sobre todo porque hay antecedentes de abusos al impedir que los bienes públicos como las playas se convierten en bienes privados que sólo pueden disfrutar los turistas.

En ese sentido, las condicionantes deben ser impecables en los hechos, contundentes en su seguimiento y aplicación, sólo así el poder público podrá recuperar parte de la credibilidad que ha perdido.

Y ya encarrerados, ojalá también se ponga el mismo interés y atención al problema de falta de tierra para la vivienda en Los Cabos, a fin de que los ejércitos de trabajadores que llegan a ese destino turístico a laborar en los hoteles tengan un lugar digno donde habitar y no recurran a las invasiones en zonas de riesgo como históricamente ha sucedido, un asunto en el que los empresarios hoteleros también debieran comprometerse.

Comentarios al correo raymundoleon2004@yahoo.com.mx

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