Policías de Los Cabos vacían tarjeta bancaria de fallecido en cárcel de Los Cangrejos

Los Cabos, BCS.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado la colaboración del Gobernador Carlos Mendoza Davis y del Presidente Municipal de Los Cabos Arturo de La Rosa para que se esclarezca a plenitud y se deslinden responsabilidades en contra de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito involucrados en la detención e investigación de un reo que se suicidó en las celdas de Los Cangrejos de manera inverosímil y que ya muerto, le vaciaron en cajeros automáticos todo su dinero de una tarjeta Santander Serfin.

Tras una investigación iniciada desde el 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó el pasado 16 de diciembre del 2016 que cuenta con evidencias suficientes para formular una denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la PGJBCS, contra el personal ministerial y auxiliar, así como de la Comandancia Delegacional de Los Cangrejos.

 CRONOLOGÍA DE HECHOS

EL 11 de septiembre, a las 00:26 horas, detienen a la persona del sexo masculino en calle Lázaro Cárdenas y Camino Viejo a San José en el puerto de Cabo San Lucas, por una falta administrativa consistente en realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

A las 00:36 del mismo día ingresó a la comandancia de la Colonia Los Cangrejos.

A las 05:55 fue hallado el cuerpo sin vida, colgado de uno de los barrotes de la ventana del baño de la celda 4.

Entre su ingreso y su muerte, ingresaron otros dos detenidos, a las 01: 55 y 02:32 respectivamente, aunado a que en el interior de la cárcel ya se encontraban otros tres detenidos.

Con motivo de lo anterior, el 11 de septiembre de 2013, se inició una averiguación previa por hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien resulte responsable.

El 20 de febrero de 2014, familiares del hoy occiso denuncian ante el agente del Ministerio Público en Monterrey, Nuevo León, la desaparición de la persona del sexo masculino.

A finales de febrero de 2014, los familiares se enteran a a través de la “Plataforma México” sobre la detención de su hermano por una falta administrativa y que fue trasladado a la Comandancia Delegacional “Los Cangrejos”.

El 5 de marzo de 2014 hermanos de la víctima se presentaron en dicha comandancia, donde les negaron su detención, aludiendo que no había registró alguno.

Dos o tres días después, los hermanos del occiso acudieron nuevamente a la referida Comandancia, donde se entrevistaron con el Juez Calificador, a quien le mostraron el folio del reporte de la detención de su hermano obtenido de Plataforma México, y después de verificar los registros de detenciones, les informó que sí había sido arrestado por la policía municipal, pero que se había suicidado en el interior de una celda.

El 12 de marzo de 2014, un hermano compareció ante el Representante Social de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Cabo San Lucas, a quien le solicitó la exhumación del cuerpo de su hermano.

El 11 de abril de 2014, el Representante Social, acompañado de sus auxiliares, familiares de la víctima y un perito odontólogo forense designado, se constituyeron en el Panteón Municipal II, sección V, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde se llevó a cabo la exhumación de un cadáver que supuestamente correspondía al occiso, pero al realizar su identificación por las piezas dentales, el odontólogo determinó que no correspondía.

El 12 de abril de 2014, presentaron una queja ante este Organismo Nacional por las irregularidades advertidas en la detención de su familiar y por la integración de la averiguación previa ante la PGJE, principalmente por la falta de identificación de la fosa en la que fue inhumado el cuerpo, por ello, solicitó que se le auxiliara para su exhumación y sus restos fueran entregados a sus familiares.

El 28 de abril de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció su facultad de atracción respecto de la queja formulada, la cual fue radicada con el expediente CNDH/1/2014/2728/.

IRREGULARIDADES EN EL SUICIDO E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

  1. Sin tener las pruebas técnicas-científicas suficientes el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a Cabo San Lucas, responsable de la investigación dictaminó que el reo se había suicidado.
  2. Sin agotar todas las diligencia dentro de la averiguación previa, pidió a sus superiores el No ejercicio de la acción penal.
  3. Tuvieron que abrir hasta 7 tumbas en el cementerio camino a La Candelaria para dar con el paradero de los restos de la víctima en mención.
  4. Al momento que lo sepultaron lo rellenaron con cal hidratada lo que ocasionó que no se pudieran dictaminar las verdaderas causas de su muerte una vez que lo exhumaron, pues la destrucción de los tejidos blandos impidieron confirmar que la causa de la muerte haya sido asfixia por ahorcamiento. Después argumentarían que lo hicieron porque las cámaras de refrigeración del Servicio Forense se encontraban fuera de servicio.
  5. Aunque el 11 de septiembre se reportó el suicidio del reo, el 30 de septiembre se detectó que se hicieron dos retiros de dinero en moneda extranjera de la tarjeta Santander Serfin. Ambas por la cantidad de 500 dólares.
  6. Aunque el agente del Ministerio Público aseguró en una investigación interna de la PGJE de que en la necropsia al cadáver se realizó el procedimiento de manera normal, abriéndose la cavidad craneana, en la segunda necropsia hecha al cuerpo después de la exhumación, el 14 de abril del 2014, se comprobó que no cumplieron con la metodología del protocolo por no haber aperturado la cavidad craneana.
  7. No procedieron a localizar a los familiares de la víctima pese a que en sus pertenencias tenía diversas identificaciones y contactos.
  8. Aunque se certificó que la comandancia contaba con cámaras de video vigilancia desde agosto del 2013, en la averiguación previa se dice todo lo contrario.
  9. Médicos forenses de la CNDH hicieron constar que la causa de la muerte señalada en el certificado médico de 11 de septiembre de 2013, no tiene sustento médico, toda vez que no tomó en cuenta los signos cadavéricos que presentó el cuerpo y omitió describir las características externas e internas que le provocó el agente constrictor en el cuello.
  10. El Ministerio Público no tomó la declaración de los 5 detenidos que se encontraban en la celda al momento de ocurrido el supuesto suicidio de la persona del sexo masculino. Hasta 6 meses ordenaron su localización y sólo encontraron a uno de ellos.
  11. En la tarjeta informativa del 11 de septiembre, los agentes municipales que hicieron la detención revelaron que la víctima no traía pertenencias, sin embargo en la boleta correccional 37930 señalaron que fue depositada la cantidad de 370 pesos, una gorra y un celular. Sin embargo al momento que los mismos policías municipales consignan los hechos ante el Ministerio Público agregan que también llevaba una licencia de conducir del Estado de Nuevo León y otra como instructor de buceo, así como una tarjeta de Santander Preferente
  12. Hasta 6 meses después, una vez que le fue rechazado el No ejercicio de la acción, el agente del MPFC responsable de la investigación, sometió a declaración a los agentes municipales que participaron en la detención y a los agentes ministeriales que realizaron la investigación.

RECOMENDACIONES

PRIMERA.-A Usted, señor Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur: PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que se proporcione la atención médica, psicológica y tanatológica a los familiares de la víctima

SEGUNDA.- Se instruya a quien corresponda a fin de que se continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la AP1 y su acumulada AP2, con el 125/131 propósito de que se agoten las líneas de investigación de manera diligente y eficaz, para que, en su caso, se ejercite la acción penal con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos y se determine la responsabilidad penal que pudiera existir, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA.- Se instruya a quien corresponda para que se continúe con la integración y perfeccionamiento de las AP3 y AP4, tomando en consideración las evidencias descritas y analizadas en la presente Recomendación para que, en su caso, se ejercite la acción penal y se determine la responsabilidad que pudiera existir con motivo de las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos de la PGJBC, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se instruya a quien corresponda para que todos los cadáveres que permanezcan en calidad de desconocidos, que sean enviados a la fosa común, deberá tomarse muestras biológicas (sangre, saliva, piel, cabello con bulbo u otros tejidos), para que al realizar un análisis genético para su identificación se obtengan resultados confiables, asimismo, se coloque una placa metálica con los datos de la carpeta de investigación, nombre (en caso de que haya sido identificado), fecha y lugar del levantamiento del cadáver y sexo, para que de ocurrir un eventual reconocimiento y reclamo por parte de un familiar, pueda ser identificado al momento de exhumar el cadáver para su entrega, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 126/131.

QUINTA.- Diseñar e impartir un curso integral dirigido al personal ministerial, policías y peritos de la PGJBCS, relacionados con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, específicamente sobre los lineamientos para la debida integración de la investigación de hechos presuntamente delictuosos, acorde a los estándares internacionales y la aplicación del “Protocolo Cadena de Custodia”, “Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes sospechosas por haberse producido por violación a los Derechos Humanos”, “Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de restos Óseos” y el “Manual para el Manejo de Cadáveres en situaciones de Desastre”, asimismo, el “Protocolo de Modelo de Autopsia” para los médicos forenses, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEXTA.- Se actualice el “Protocolo de Cadena de Custodia” conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales; o en su caso, se sugiere que mediante el acuerdo o convenio respectivo se homologue el Acuerdo A/009/15 “Por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia”, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SÉPTIMA.- En caso de que la responsabilidad administrativa de AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14 y AR15, haya prescrito, se deberá instruir a quien corresponda, a fin de que conforme a los procedimientos internos se anexe una constancia de la presente Recomendación en su expediente administrativo laboral, y se remita a este Organismo Nacional el documento que acredite su cumplimiento. 127/131.

OCTAVA.- Se instruya a quien corresponda se verifiquen periódicamente los equipos de refrigeración con los que cuenta el SEMEFO de la PGJBCS, con el propósito de que se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento para la adecuada conservación de los cadáveres y remitan a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

NOVENA. Se colabore debidamente en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la PGJBCS, en contra de AR8, AR10 y AR11, servidores públicos involucrados en los hechos a que se refiere la presente Recomendación y remita a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos la constancias que acrediten dicha colaboración.

A ustedes integrantes del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur:

PRIMERA.- Se tomen las medidas conducentes para reparar el daño que conforme a derecho corresponda a V2, V3, V4 y demás familiares de V1, en términos de la LGV y la Ley de Atención a Víctimas para el estado de BCS, derivado de las irregularidades en las que incurrieron AR4, AR5, AR6 y AR7, involucrados en los hechos, por violación a los derechos humanos detallados en la presente Recomendación, que derivaron en la pérdida de la vida de V1, que incluyan una compensación, con base en las consideraciones planteadas, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 128/131

SEGUNDA.- Diseñar e impartir un curso integral dirigido a los servidores públicos de la Dirección General, principalmente a los policías y jueces calificadores del Ayuntamiento, sobre derechos humanos, con el propósito de que en el ámbito de su competencia, apliquen las medidas tendentes a garantizar el derecho a la integridad personal y a la vida de quienes están bajo su custodia y aplicar las directrices vigentes establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la prevención de suicidios, que pudieran presentarse en las instalaciones donde se encuentren personas privadas de su libertad, que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas al desempeño de sus funciones, y este deberá impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia en la materia de derechos humanos, y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA.- Se instruya a quien corresponda a efecto de que se verifique periódicamente el funcionamiento de las cámaras que se encuentran instaladas en la Comandancia Delegacional y su distribución en cada uno de los puntos de vigilancia que enfocan los accesos principales de la misma, así como en las celdas y espacios que recorren los agentes de seguridad pública, y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA.- Girar instrucciones conducentes para la creación y aprobación de un reglamento de panteones en el que se contemple la regulación de la prestación, establecimiento, funcionamiento, conservación, vigilancia del servicio y la concesión de los cementerios y que se especifiquen las facultades y obligaciones 129/131 conferidas a las distintas autoridades encargadas de la supervisión y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA.- En caso de que la responsabilidad administrativa del personal involucrado de la Comandancia Delegacional haya prescrito, las autoridades recomendadas, conforme a sus procedimientos internos, deberán dejar constancia de la presente Recomendación en su expediente administrativo-laboral, con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de V1, con motivo de su fallecimiento, y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEXTA.- Se colabore en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la PGJBCS, en contra de AR4, AR5, AR6 y AR7, y remita a este Organismo Nacional las constancias que acrediten dicha colaboración.

SÉPTIMA.- Inscribir a V1, V2, V3, V4 y demás familiares que acredite su derecho, en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. 130/131 358.

Tanto el Gobierno estatal como el municipal están en tiempo y forma para atender la recomendación, de caer en desobediencia, la CNDH tomaría otras acciones al más alto nivel del Gobierno mexicano.

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