Preocupa al Gobierno trata de personas en BCS

 

El Gobierno del Estado conjunta esfuerzos institucionales, para la prevención, investigación, sanción y erradicación del delito de trata de personas, indicó el secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, en el marco de un encuentro de trabajo con el Comisionado Nacional Ejecutivo de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros, a fin de establecer las estrategias y políticas públicas que se aplicaran a través de la instalación de la Comisión Interinstitucional en esta materia.

De La Peña Angulo destacó la importancia del diseño y operación de los programas de protección, asistencia y reinserción social de las víctimas, por lo que la actual administración, trabaja de la mano con la Federación y los municipios, con el objetivo sumar voluntades, focalizados principalmente, en la prevención de este delito.

El funcionario mencionó que será a corto plazo cuando sesione por primera vez en Baja California Sur esta Comisión, a efectos de coordinar las acciones de los órganos Federal, Estatal y Municipal que la conforman, para atender de manera integral a quienes han sido víctimas de la trata de personas.

“Es necesario, que quienes son o fueron víctimas u ofendidos de un delito de esta índole, tengan la confianza, pero sobre todo, la certeza, de que cuentan con los mecanismos y medios jurídicos para acceder a esta atención, pero sobre todo a que se les haga justicia”, señaló.

Por su parte, el Comisionado, Julio Hernández Barros, reconoció el interés del Gobierno del Estado, que encabeza Carlos Mendoza Davis, de establecer un clima de paz social y hacer prevalecer el estado de derecho, con acciones como la instalación este órgano colegiado, con lo cual Baja California Sur también da cumplimiento al compromiso adquirido ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Finalmente el secretario General de Gobierno, reiteró el compromiso de la actual administración pública estatal, de consolidar a Baja California Sur, como una entidad donde se reconocen y respetan las garantías constitucionales y los derechos humanos de sus habitantes, sentando así las bases para un mejor futuro.

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