Quitar yates a extranjeros por no tener permiso de importación temporal, una exageración: Sánchez Navarro

El senador panista Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro presentó una iniciativa para reformar la Ley Aduanera a fin de fijar una multa especifica de 10 mil a 15 mil 500 pesos por la introducción al país de lanchas, yates y veleros turísticos que no hayan tramitado un permiso de importación temporal.

El legislador expuso que las actuales sanciones consisten en el pago de una multa del 130 al 150 por ciento de los impuestos al comercio exterior omitidos, como si se hubiera importado en forma definitiva, y además la embarcación pasa a propiedad del fisco federal.

El que la embarcación pase a propiedad del fisco federal es una sanción excesiva que daña la imagen de nuestro país, indicó el senador sudcaliforniano.

Por ello, señaló que su propuesta prevé que además del pago de la multa, el infractor debe tramitar el permiso correspondiente dentro de los cinco días siguientes a que la autoridad descubra la falta del permiso de importación temporal.

De acuerdo con Fernández Sánchez-Navarro el turismo náutico es una actividad que representa una fuente de ingresos directos e indirectos muy importante en nuestro país, pues atrae turistas nacionales e internacionales, lo que propicia el desarrollo regional, genera empleos y capta divisas.

Recordó que en 1990 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una facilidad administrativa para agilizar la importación temporal de embarcaciones deportivas y de recreo con fines turísticos.

Esa disposición se incorporó a la Ley Aduanera de 1992, como un régimen aduanero, el cual se enfocó en el fomento del turismo náutico y dejó en un segundo plano el tema de la recaudación, pues se reconoció el potencial de esta actividad para detonar el desarrollo económico y la generación de empleos directos e indirectos bien remunerados.

En abril de 1996, tras la derogación del régimen de marinas turísticas, se estableció el régimen aduanero de Importación Temporal de Embarcaciones, vigente actualmente para las embarcaciones de recreo y deportivas que se internan al país, agregó.

Además, recordó que en un operativo del SAT de noviembre de 2013, quedó demostrado que el 99 por ciento de las embarcaciones revisadas están legales en el país, y aunque se efectuó la revisión de mil 641 embarcaciones, se embargaron precautoriamente 334, ya que en ese momento no acreditaron su legal estancia y posterioridad 307 lo hicieron.

De las 27 embarcaciones embargadas restantes se interpusieron medios de defensa, y se levantó el embargo precautorio de 10 embarcaciones y sólo 3 han pasado a propiedad del fisco federal, dijo.

Esta situación afectó la llegada de turistas náuticos a nuestro país, debido a que en el extranjero se manejó en medios de comunicación como un asunto de inseguridad, ya que se comentaba que las autoridades podían confiscar la embarcación, asunto que dejó un antecedente negativo, que los extranjeros –principalmente de Estados Unidos– interpretan como falta de certeza jurídica de nuestro país.

La iniciativa también fue suscrita por los senadores del PAN Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Ávila Ruiz, José María Martínez Martínez, Fernando Yunes Márquez, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco Búrquez Valenzuela; del PRI, Aarón Irízar López e Isaías González Cuevas; y del PT, Ana Gabriela Guevara.