La Paz, Baja California Sur, a 22 de Septiembre de 2015.- Las modificaciones a la Constitución del Estado sobre los requisitos para ser Procurador de Justicia generaron un largo debate entre diputados y diputadas de diversas expresiones políticas, mostrándose en contra en la tribuna del Congreso legisladoras y legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
LA Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional aseguró que los cambios propuestos en el dictamen van en contra del espíritu de miles de sudcalifornianos que hace más de 50 años lucharon por el autogobierno en el entonces Territorio Federal.
El Coordinador del PRI en la XIV Legislatura, Diputado Amadeo Murillo Aguilar cuestionó el hecho de que se nombre como titular de la Procuraduría “a alguien que jamás ha pisado suelo sudcaliforniano”, asegurando que al no conocer la región a la que llega “pone en grave riesgo la aplicación de la Ley” y abundó que hace unos días la mayoría le retiró al Congreso del Estado la facultad de elegir al Procurador de Justicia del Estado, lo que consideró es un retroceso en la vida pública de la entidad.
Señaló que la reforma propuesta es una modificación que no tiene razón de ser, preguntándose si no encuentra el Ejecutivo del Estado “un ciudadano sudcaliforniano para desempeñar esta responsabilidad”.
Amadeo Murillo enfatizó que muchos ciudadanos le manifestaron en estos días su rechazo a esta medida, “porque significa un avasallamiento de un poder sobre otro”, precisando que la Fracción Política del PRI representa a 90 mil electores en el Congreso del Estado.
En el mismo sentido la Diputada del PRI, Patricia Ramírez Gutiérrez se preguntó: “con qué cara le vamos a decir a amplios sectores de la sociedad sudcaliforniana que la lucha por los derechos del autogobierno está siendo trastocada”, exhortando al Gobernador del Estado a que de marcha atrás a una reforma que la legisladora consideró antidemocrática.
La perredista Rosa Delia Cota sostuvo que la reforma aprobada tiene destinatario, “es alguien que no conocemos, ni perfil ni antecedentes”, añadiendo que el quitar la residencia en la entidad es una situación anómala, “porque tres años es el tiempo mínimo para conocer el estado”.
